UNA CRISIS POLITICA QUE RECIEN INICIA
El secretario de Obras Públicas, Mariano Benítez, según sus propias palabras, ha decidido no renovarle el contrato a Jorge López, un trabajador municipal, acusándolo de utilizar las maquinarias del municipio con fines personales. Pero al mismo tiempo salió públicamente en defensa del Director de Vialidad Ferraris, que es un funcionario político nombrado por el gobierno municipal y de Giudice, que es un funcionario de carrera.
La acusación del despedido -revalidada por casi todos sus compañeros de trabajo- consiste en que esos trabajos convenidos de manera ilegal sin la realización de los tramites establecidos a tal efecto, fueron acordados por el Director de Vialidad Ferraris y por Giudice y él solo cumplió una orden dada por ellos.
Si bien existe una ordenanza municipal que prevé los trabajos privados con maquinaria pública, los trabajadores no tienen obligación de saber si estos trabajos para particulares están o no en regla. Eso es competencia de los funcionarios. Y si hay contrataciones con un particular en condiciones irregulares es plenamente responsabilidad de los funcionarios a cargo.
Esto pone de manifiesto otra cuestión que es el trabajo precario. Existen contratados desde hace más de 7 u 8 años, lo que atenta contra la estabilidad laboral. Por eso el Partido Obrero ha planteado sistemáticamente que todos los contratados pasen a planta permanente y se les reconozca su antigüedad.
El municipio intenta encubrir el despido invocando una simple no renovación contractual. Pero miente dos veces. Primero porque López hace 5 meses que está desarrollando tareas, con lo cual no se cumplen los 6 meses de contrato (jurídicamente es un absurdo porque el hecho de no renovarle un contrato a una persona presupone que haya cumplido el plazo del contrato, que es como mínimo de 6 meses). En segundo lugar miente porque López no es ni siquiera contratado. Jamás firmo ningún contrato con el municipio. Su situación laboral es de las peores y denota una precariedad absoluta porque estaba trabajando en negro.
Este caso es sólo la punta de un iceberg, pero el gobierno municipal no está dispuesto a investigar a fondo estas cuestiones porque está comprometido su propio porvenir y porque están implicados varios funcionarios actuales y anteriores.
Ante ésta incapacidad, impulsemos los trabajadores municipales, conjuntamente con los vecinos, comisiones investigadoras de las cuentas municipales.
No se trata sólo de la finalización de un contrato como lo afirma el funcionario Benítez, pues como denunciamos en una nota publicada en el diario
El Sindicato debería ponerse al frente de una campaña por la reincorporación del compañero despedido, por la defensa de los puestos de trabajo y por la investigación de los negociados de los funcionarios.
Se ha abierto una crisis política en el gobierno municipal que puede paralizarlo. A poco de asumir, los hechos han dado nuevamente un cachetazo a la nueva gestión.
Para que no descarguen los efectos de la crisis contra los trabajadores municipales es necesario que se organicen para la defensa del empleo y del salario.
Reincorporación inmediata de Jorge López. Que se prohíban las suspensiones y despidos; que pasen a planta permanente todos los contratados sin desconocer su antigüedad; que comisiones integradas por trabajadores y vecinos investiguen posibles desfalcos comunales.
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